El PP aprueba el nuevo Código Penal en el Congreso

21.Ene.2015. AROA.- Sin la presencia de Pedro Sánchez ni Mariano Rajoy -a pesar de haber estado presentes en la sesión de control- el grupo popular del Congreso ha debatido el nuevo Código Penal ante el que todos los grupos de la oposición han mostrado su total rechazo por, entre otros puntos, la prisión permanente revisable, la eliminación de las faltas y el “chapucero” proceso de tramitación. La reforma ha sido aprobada por los votos del PP en solitario y pasa así al Senado.

Minutos después de la sesión de control, el salón del Congreso acogió el debate de la reforma del Código Penal que, debido a su gran número de enmiendas y de modificaciones, fue calificada en numerosas ocasiones como un nuevo Código Penal. Una reforma que, debido a la ausencia del presidente del Gobierno –y de gran parte del hemiciclo– ha sido defendida por Leopoldo Barreda, a pesar de la presencia del ministro de Justicia, Rafael Catalá.

La reforma ha sido aprobada por 184 votos a favor contra 142 votos en contra y una abstención. Por su parte, todas las enmiendas han sido rechazadas sistemáticamente por los votos del grupo popular, así como, en ocasiones, por el grupo socialista.

El Código Penal no es el código moral sino el código de convivencia en función a los valores constitucionales, recriminaba en su intervención Julio Villarrubia, uno de los dos portavoces del grupo socialista en este debate. Y es que, los portavoces de la oposición han calificado el texto de electoralista” e “ideologizado por recoger limitaciones para el derecho a huelga o la elevación de la edad mínima legal para las relaciones sexuales.

Contradicción con otras normas

Esta última modificación choca directamente con otra limitación vigente en la actualidad: la edad mínima para contraer matrimonio que, ahora mismo, se sitúa en los 14 años. De esta manera, tal y como denunciaba Rosa Díez en su intervención, nadie puede asegurar que los menores que contraen matrimonio entre los 14 a los 16 sean denunciados por mantener relaciones sexuales. Más, teniendo en cuenta que, para este tipo de matrimonios no es obligatorio el consentimiento de los padres si el juez abala la unión.

Proceso “chapucero” e “improvisado” 

Además, gran parte de la oposición ha agradecido a los ponentes del Partido Popular su esfuerzo por explicar cada uno de los detalles de la reforma puesto que “cada día venían con papeles diferentes e, incluso, contradictorios“, según aseguraban los portavoces Rosa Díez (UPyD) y Emilio Olaberría (EAJ-PNV). “La tramitación ha sido un despropósito y un auténtico atropello tanto en el fondo como en la forma“, debido a la “improvisación“, aseguraba Julio Villarrubia, portavoz del grupo socialista.

Además, denunciaban que se han vulnerado los plazos mínimos para tramitar una reforma, motivo por el cual ha llegado al Congreso antes, incluso, que la Ley de Seguridad Ciudadana, que en estos momentos se encuentra en su trámite en la Cámara Alta y que será devuelta al Congreso en los próximos meses.

Montserrat Surroca (CiU), por su parte, señalaba que los problemas actuales son derivados de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y no tanto del Código Penal ya que, “no se trata de aumentar las penas sino incrementar los recursos“.

Eliminación de faltas

Además, esta nueva reforma del  Código Penal elimina el Libro III del mismo lo que supone la eliminación de las llamadas ‘faltas’, una maniobra que venía siendo denunciada por los jueces con informes y declaraciones desde que se conociese en noviembre de 2013. Debido a este cambio las faltas eliminadas pasarán a ser o bien delitos leves o bien faltas administrativas graves.

Esto se debe, según asegura el texto de la enmienda que recoge dicha eliminación, a “la racionalización del uso del servicio público de Justicia“, es decir, sacar de la vía penal aquellas faltas que, a juicio del Gobierno –compartido por asociaciones de Justicia-, no tienen porqué ser juzgadas por esta vía.

Un claro ejemplo de ello son las faltas de tráfico. Imprudencias leves como saltarse un stop o choques en los que los heridos tengan lesiones que produzcan baja de menos de 30 días, quedarían fuera de esta vía. Una consecuencia contra la que ya se han posicionado algunas de las asociaciones de víctimas de accidentes de tráfico.

Insuficiente tipificación por corrupción

Por su parte, Antoni Such exigió explicaciones al Partido Popular acerca de porqué se han elevado las penas al noventa por ciento de los delitos a excepción de los delitos por corrupción. “Para que haya prisión, la donación ilegal tendría que ser superior a 500.000€ pero no se sabe si es por donante o por receptor“, denunció en su intervención. Según aseguró Such, en los llamados ‘papeles de Bárcenas’ no aparecen donaciones ligadas a cifras igual a superior al medio millón de euros.

Un punto que Leopoldo Barreda, encargado de defender la reforma, ha desmentido señalando que el nuevo código registra diferentes penas en función de los delitos, insistiendo en la inhabilitación de los condenados por corrupción a ocupar un cargo público, la regulación del decomiso (blanqueo, cohecho o prevaricación) o la obligación de la devolución de lo “robado o defraudado“.

Es mentira que no se irá a la cárcel por corrupción. Será a partir de 100.000€ unos casos y 500.000€ otros“, aseguró en su intervención.

En esta misma sesión fue debatido el proyecto de Ley Orgánica sobre actividades económico-financieras de los partidos políticos, el cual deja muchos puntos en el aire.

Limitación del derecho a huelga

Por último, el grupo de Izquierda Unida, de la mano de Gaspar Llamazares, ha hecho también hincapié en la limitación de las penas por la vulneración del derecho a huelga en contraposición con el aumento de las mismas para aquellos que “se excedan en la defensa del derecho a huelga“.

El nuevo texto recoge una pena de máximo de dos años para los primeros, lo cual, si el condenado carece de antecedentes supondría una multa y no su entrada en prisión. No obstante, para los segundos, la pena supera los tres años, por tanto, “¡a la cárcel con ellos!“, aseguró el portavoz de IU.

Así, en el cierre de su intervención, Llamazares hacía referencia a la falta de necesidad de proponer una reforma de estas características y calado así como a la ausencia de consenso entre los grupos y de cara a la ciudadanía para llevar adelante esta y otras modificaciones.

Intentarán imponerlo en las calles pero habrá desobediencia civil“, advirtió Llamazares en su conclusión.

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